Son señaladas por transferir dinero a nombre de cárteles de droga en
para la adquisición de precursores para producir fentanilo
Día Hábil/Redacción
Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CiBanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa a por su presunta relación con el tráfico de fentanilo y prohibió cualquier tipo de operaciones con ellos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam.
En un comunicado, la institución informó que la medida es temporal, pero no aclaró por qué no intervino a Vector, propiedad de Alfonso Romo Garza, amigo y jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador.
Scott Bessen, secretario del Tesoro estadunidense, aseguró el miércoles que las tres instituciones financieras con sede en México han facilitado el “envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
El Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nuerva Generación son señalados como los grupos delictivos que lavaron dinero en esas instituciones. Los dos primeros, en Vector, propiedad de Alfonso Romo Garza, amigo y consejero de Andrés Manuel López Obrador.
El actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, trabajó como analista de bonos para América Latina y Gerente de Análisis de Renta Fija en Vector Casa de Bolsa.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención temporal de las instituciones financieras CI Banco e Intercam presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo, según las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado, la CNBV señaló que la intervención ocurre de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito “y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”.
Como consecuencia, sustituye a los órganos administrativos y a los representantes legales de ambos bancos, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.
«Dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América», precisó.
Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que la situación que atraviesan ambas entidades financieras «no representa un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado».
Señaló, asimismo, que la intervención anunciada por la CNBV busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen los estándares regulatorios.
«Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión», aseveró.
Además, dijo que mantiene colaboración y diálogo con las autoridades para proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional «que hoy registra niveles históricos de capitalización y liquidez».
CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa están bajo investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntas irregularidades en sus transacciones.
Claudia Sheinbaum negó esta mañana que existan pruebas de las acusaciones y pidió a los estadunidenses mostrarlas. a las autoridades estadounidenses que presenten «pruebas» sobre las acusaciones y argumentó que son solo «dichos»; aunque apuntó que, de comprobarse las actividades ilícitas se actuaría y no habría impunidad.
El miércoles, las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.
Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139 mil millones de dólares anuales.